El Consejo de Estado negó la pérdida de investidura de los congresistas que participaron en la denominada “vaca” para financiar las vías 4G de Antioquia y descartó que sus aportes configuraran una causal de “muerte política”. La decisión, adoptada por la Sala Plena y conocida este domingo 13 de septiembre de 2026, ratificó el fallo que ya había favorecido a los legisladores en junio de 2024.

El proceso se originó en la iniciativa promovida por la Gobernación de Antioquia para recaudar recursos destinados a proyectos de infraestructura como las vías 4G y el Túnel del Toyo. A la convocatoria respondieron congresistas y ciudadanos mediante aportes voluntarios.

La demanda fue presentada por el abogado Carlos Mario Patiño, quien sostuvo que las donaciones podían constituir una gestión de asuntos ante una entidad pública y configurar un contrato de donación con el departamento. Según su argumento, esa conducta habría vulnerado el artículo 180, numeral 2, de la Constitución.

Sin embargo, el alto tribunal concluyó que los aportes no llegaron a materializarse en un contrato de donación aceptado por la Gobernación de Antioquia. Esa aceptación, explicó la corporación, es necesaria conforme a las normas civiles y al Estatuto de Contratación Estatal.

Al no existir prueba de un contrato estatal ni de una conducta prohibida para los congresistas, el Consejo de Estado determinó que no se configuró una incompatibilidad ni una causal de pérdida de investidura. La Sala consideró, además, que la participación de los legisladores correspondió a un gesto cívico y solidario orientado al interés general.

En el proceso fueron mencionados los entonces senadores Paloma Valencia, Esteban Quintero, Andrés Guerra, Paola Holguín, María Fernanda Cabal y Miguel Uribe Turbay, así como los representantes Juan Fernando Espinal, Hernán Darío Cadavid, Jhon Jairo Berrío y Julián Peinado, elegidos para el periodo 2022-2026.

En abril de 2024, el gobernador Andrés Julián Rendón había anunciado la devolución de los recursos recaudados, con el propósito de evitar eventuales consecuencias jurídicas para los donantes. Con la decisión adoptada en septiembre de 2026, la controversia judicial queda cerrada a favor de los congresistas, quienes conservan su investidura.