El Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció este domingo 25 de octubre de 2026, hora colombiana, una revisión nacional de la contratación, los pagos, la infraestructura y los programas de formación del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), luego de que una inspección preliminar en la regional Córdoba detectara presuntas irregularidades por cerca de $1.698 millones.

La verificación, realizada en esa regional, identificó posibles pliegos direccionados para beneficiar durante años a los mismos contratistas, falta de estudios de mercado y eventuales fraccionamientos de contratos. También se revisan pagos por servicios que aparentemente no fueron prestados y desembolsos autorizados por supervisores sin comprobar el cumplimiento de las obligaciones pactadas.

Entre los contratos examinados figuran uno relacionado con el suministro de alimentos y otro, por $765 millones, destinado a la compra de medicamentos e insumos médicos. Según los hallazgos divulgados por el Gobierno, algunas entregas se hicieron de manera tardía o incompleta y varios productos estaban próximos a vencer, aunque las facturas habrían sido pagadas en su totalidad.

El presidente aclaró que se trata de resultados preliminares y que el informe definitivo, previsto para esta misma semana, incluirá un análisis de la infraestructura, la contratación de instructores, los programas de formación y la situación financiera del SENA.

La revisión se extenderá a todas las regionales y centros de la entidad en el país. El propósito, de acuerdo con el Gobierno, es verificar la legalidad de los procesos, establecer cómo se utilizaron los recursos públicos y detectar eventuales redes de corrupción.

Una vez consolidado el documento, los resultados serán trasladados a la Fiscalía General de la Nación y a los organismos de control, que deberán determinar si existen responsabilidades penales, fiscales o disciplinarias. Las autoridades también indagarán si hubo posibles vínculos entre funcionarios, contratistas y dirigentes políticos de Córdoba.

Hasta el momento no se han divulgado nombres ni se han atribuido responsabilidades individuales. Los hechos permanecen bajo verificación y los hallazgos no constituyen, por sí mismos, una declaración judicial de culpabilidad.