La violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes sigue encendiendo las alarmas en Antioquia. Según cifras de la Fiscalía, este año se han denunciado e investigado 2.631 delitos sexuales contra menores de edad. Ante esta situación, la Gobernación comenzó a estructurar una política pública para fortalecer la prevención y protección de esta población.
Uno de los datos más preocupantes es que el 50 % de estos casos ocurre dentro de los hogares y los presuntos agresores son familiares o personas cercanas a las víctimas, según informó la gerente de la Unidad de Programas Sociales de la Gobernación, Isabel Cristina Londoño Gómez.
El panorama también preocupa al revisar los registros anteriores: en 2025 se reportaron 4.787 casos y en 2024 fueron 4.397.
¿Qué busca la nueva política pública?
La iniciativa pretende coordinar acciones entre entidades como el ICBF, la Fiscalía, la Policía, la Procuraduría y organizaciones como Unicef, para prevenir el abuso sexual en cinco entornos: familiar, educativo, comunitario, institucional y digital.
La Gobernación también entregó un balance de su campaña ‘Antioquia nos protege’, que durante 2026 ha acompañado a 10.320 menores con herramientas de autocuidado y ha formado a 2.400 actores institucionales en prevención de la violencia sexual en 82 municipios.
Además, ha desarrollado actividades de sensibilización en los 125 municipios del departamento.
¿Cuándo estará lista la política pública?
La propuesta continúa en construcción mediante encuentros y socialización con las entidades involucradas. La Gobernación espera presentarla ante la Asamblea Departamental durante el primer semestre de 2027.
El llamado de las autoridades también está dirigido a las familias, pues advierten que la protección de los menores debe comenzar en sus propios hogares.
