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“Es una mentira”: Petro responde a polémica por 1.000 empleos estatales antes de ley de garantías:

📸 Cortesía: Joel González – Presidencia de la República
Petro niega creación de 1.000 empleos estatales en Colpensiones y defiende formalización de contratistas

El presidente Gustavo Petro desmintió las versiones que atribuían a su administración la creación de cerca de 1.000 empleos estatales en Colpensiones justo antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías el 31 de enero. Petro aclaró que se trató de la estabilización laboral de más de 800 contratistas en planta permanente.

La aclaración se dio el 24 de enero a través de su cuenta en X, en respuesta a una publicación que denunciaba aumento de empleos públicos en vísperas del periodo electoral. Según explicó el mandatario, la medida obedece a un proceso de modernización en Colpensiones para cumplir con la ley pensional y proteger derechos laborales de trabajadores antiguos que prestaban sus servicios de manera precaria. «Aquí no hay nuevos empleos… cumplimos la orden constitucional de dar estabilidad a quienes llevan años trabajando», afirmó Petro.

La discusión surgió en medio de la prohibición de crear plazas públicas o nuevos contratos durante campañas electorales, dispuesta en la Ley de Garantías, para evitar partidismo en el manejo de recursos públicos. Petro defendió que no se expandió la burocracia, sino que hubo dignificación laboral.

Por otro lado, el decreto 052 del 22 de enero del Ministerio del Trabajo generó controversia al crear 1.141 cargos temporales hasta el 31 de diciembre de 2026, incluidos 1.000 inspectores laborales. Este decreto se presenta como una respuesta necesaria frente a la reforma laboral vigente y la emergencia económica declarada por el gobierno, aunque solo la mitad de los cargos tendría financiación presupuestal gradual.

La oposición, sectores sociales y liderazgos como la senadora María Fernanda Cabal criticaron estos movimientos por su coyuntura y posible impacto fiscal, señalando contradicciones entre las emergencias económicas declaradas y el aumento en el gasto público para nómina. Hasta la fecha no ha llegado un balance detallado sobre el impacto fiscal y el Gobierno mantiene silencio sobre estas polémicas.

Las autoridades continúan monitoreando el desarrollo y ajustes sobre estas decisiones debido a su importancia para el empleo público y estabilidad fiscal en el contexto electoral recién planteado. La recomendación a la ciudadanía es estar atenta a los procesos que se desprendan en las próximas semanas en relación con corrupción y gestión transparente.

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