Captura de pantalla. Imagen tomada del sitio oficial de la Casa de Nariño, Presidencia de Colombia
Más de 30 funcionarios son despedidos del Dapre antes de la Ley de Garantías en medio de denuncias por ambiente laboral hostil
En la tarde del lunes 26 de enero fueron declarados insubsistentes al menos 30 trabajadores del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), pocos días antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías que evita contrataciones nuevas para las próximas elecciones.
El proceso afectó principalmente cargos de libre nombramiento y remoción en el Dapre y la Secretaría General, al confirmarse las notificaciones individuales firmadas por la directora encargada Nhora Janet Mondragón Ortiz, quien asumió el cargo hacía tres días. Entre los desvinculados se destacan empleadas y empleados con larga trayectoria, incluyendo a Luz Dari Rojas, jefe de recursos humanos con 25 años de servicio, a punto de pensionarse y con enfermedades preexistentes. Estas acciones aumentan la preocupación e incertidumbre del funcionario público en la sede del gobierno nacional.
“Estamos ante una masacre laboral” calificó Carolina Calderón, exjefa de prensa del Dapre, quien dio relatos directos de las afectaciones y del severo ambiente de trabajo: “hay que andar con cuchillo en Palacio”. Calderón agregó que el comunicado contradice declaraciones previas del presidente Gustavo Petro y puso en tela de juicio la coherencia basada en un Consejo de Ministros ampliado el 9 de enero que exhortaba a evitar despedir por posiciones políticas.
Los despidos mencionados ocurren en contexto de la aplicación de la Ley de Garantías que estará activa desde el 31 de enero y que dificulta reinstalar el personal exponiendo a quienes perdieron su cargo al límite de la temporalidad y restricciones presupuestales. Trabajadores afectados son personas con cuidados especiales, madres cabeza de hogar, algunos de ellos incluso simpatizantes del gobierno y con prerrogativas dadas personas funcionarias con días anteriores a la resolución laboral.
El ambiente de tensión motivó semanas atrás la conformación de un sindicato para proteger los derechos de los servidores públicos. Mientras, se reportan escenarios similares en habilidades desconcertantes en Cancillería con alrededor de 130 despidos notificados. Desde la salida de anteriores directores, el Dapre ha experimentado rotación acelerada en puestos clave que determinan las decisiones administrativas internas.
“No hay justificación adecuada cuando se ejecutan estos procesos simultáneos a la celebración del 70 aniversario del Dapre”, resaltó la exfuncionaria durante su entrevista radial. Aunque no hay versión oficial, las denuncias de movimientos para acomodar equipos al renovación comunicada indican que las semanas previas verán análisis en este episodio laboral de alerta para quienes trabajan en el sector público.
La principal invitación es a la comunidad y actores institucionales para monitorear que los derechos laborales y procedimientos no se vean menoscabados bajo intereses de petición política y en contravía de excelentes prácticas administrativas futuras. Fiscalía y órganos de control fueron puestos a disposición, mientras se esperan nuevas comunicaciones por parte de Palacio para dilucidar la situación completa y la posible respuesta oficial.
