📸 Cortesía: captura de pantalla X @MiguelUribeT
Senador Miguel Uribe Turbay fue asesinado; familia acusa al Estado de fallar en su protección y resalta respaldo del Parlamento Europeo
La familia de Miguel Uribe Turbay, senador asesinado y precandidato presidencial del partido Centro Democrático, denunció la falla del Estado colombiano en garantizar la protección de su vida. En las últimas horas, celebraron el respaldo dado por el Parlamento Europeo, que calificó su muerte como crimen de lesa humanidad y pide garantías para las víctimas y sus allegados.
El atentado contra Uribe Turbay ocurrió el 7 de junio de 2023 durante un acto electoral en Bogotá. Tras más de dos meses hospitalizado por las heridas recibidas, falleció el 11 de agosto. Solo en ese periodo, su equipo y él presentaron más de veinte solicitudes formales a la Unidad Nacional de Protección, sin respuestas efectivas. La familia sostiene que las actuales limitaciones en Colombia impiden esclarecer el caso y garantizan la protección necesaria a las víctimas.
“Este respaldo del Parlamento Europeo representa un paso relevante para el acceso a la justicia internacional,” afirmó Víctor Mosquera, abogado representante de la familia. Mosquera explicó que aunque el presidente Gustavo Petro ha intentado restar legitimidad a esta decisión internacional, el Parlamento dejó clara su preocupación por la escalada de violencia y polarización política en el país.
En su resolución del 9 de septiembre, el Parlamento Europeo señaló: “Consideramos que las declaraciones incendiarias difundidas por la Presidencia y otros actores políticos han contribuido a aumentar la polarización, la violencia política, el discurso de odio y la inestabilidad en el país; instamos a las autoridades, líderes políticos y la sociedad civil a hacer todo lo posible por prevenir la escalada de la violencia.”
Ante esta emergencia, la familia Uribe Turbay mantiene su decisión de acudir a instancias internacionales para buscar justicia y protección ante la falta de garantías y los obstáculos que aún persisten en Colombia. Se espera que esta presión internacional motive a las autoridades nacionales a fortalecer los mecanismos de protección y esclarecer los hechos que rodearon el asesinato del senador.
