El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella radicó este martes en el Senado un proyecto de ley de acogimiento que busca establecer un mecanismo jurídico para que integrantes de organizaciones criminales abandonen las armas, colaboren con la justicia y respondan por sus delitos. La iniciativa fue presentada por los ministros de Justicia, Iván Cancino, y del Interior, Rodrigo Lara, y tendrá trámite prioritario en el Congreso mediante mensaje de urgencia.

Entre los puntos centrales de la propuesta están las rebajas de penas de hasta el 50 % para integrantes sin funciones de liderazgo y de hasta el 30 % para cabecillas, condicionadas al cumplimiento de compromisos verificables de desarme, aporte a la verdad, reparación de las víctimas y colaboración judicial.

El proyecto apenas comienza su trámite legislativo, por lo que sus disposiciones podrían modificarse durante los debates antes de convertirse, eventualmente, en ley.

Una vía de sometimiento a la justicia, no una negociación política

Según la explicación del Gobierno, la iniciativa busca crear un marco legal para el desarme, el desmantelamiento y el sometimiento voluntario de estructuras armadas ilegales, sin abrir mesas de negociación política ni reconocerles estatus político a las organizaciones criminales.

La propuesta establece que quienes busquen acogerse deberán abandonar las actividades delictivas, entregar las armas y suministrar información verificable sobre el funcionamiento de sus estructuras. Entre los compromisos contemplados figuran aportar datos sobre rutas del narcotráfico, bienes y activos ilícitos, así como colaborar en el esclarecimiento de secuestros y desapariciones.

También se plantea exigir información sobre menores reclutados, mecanismos de reparación a las víctimas y posibles vínculos de las organizaciones con redes de corrupción o actores políticos, cuando existan elementos que permitan investigarlos.

El Gobierno, por su parte, buscaría complementar el sometimiento con intervenciones institucionales en los territorios afectados por la violencia, mediante la actuación de la Fuerza Pública, la justicia y las entidades encargadas de promover alternativas económicas legales.

¿Cómo funcionarían las rebajas de penas?

Los beneficios judiciales propuestos no serían automáticos. La reducción de hasta el 50 % para integrantes sin funciones de liderazgo y de hasta el 30 % para cabecillas estaría condicionada al cumplimiento de los requisitos que establezca la ley.

Entre los factores que se tendrían en cuenta estarían la calidad y utilidad de la información entregada, la colaboración efectiva con las autoridades, la entrega de bienes obtenidos ilícitamente, la reparación a las víctimas y el desmantelamiento real de la estructura criminal.

La iniciativa también contempla aportes relacionados con la destrucción de laboratorios para producir drogas ilícitas, la erradicación manual de cultivos ilegales, la ubicación de minas antipersona y el esclarecimiento de posibles relaciones entre las organizaciones y funcionarios públicos.

La discusión en el Congreso deberá precisar cómo se comprobará el cumplimiento de estas condiciones, quién evaluará los compromisos y qué consecuencias tendría el incumplimiento de lo pactado.

Las víctimas podrían pronunciarse sobre los beneficios

Uno de los aspectos anunciados por el ministro de Justicia, Iván Cancino, es la participación de las víctimas en decisiones relacionadas con determinados beneficios judiciales.

Según la explicación divulgada, las víctimas podrían emitir conceptos favorables o desfavorables frente a solicitudes de libertad condicional o suspensión de la pena. Sin embargo, con la información disponible no puede afirmarse que esos conceptos sean vinculantes ni que tengan capacidad de determinar por sí solos la decisión judicial.

El debate legislativo deberá establecer cómo se garantizará esa participación, qué mecanismos se utilizarán para verificar la verdad aportada por los sometidos y de qué manera se asegurará una reparación efectiva.

El desafío será definir condiciones que permitan evaluar los beneficios en función de resultados comprobables, sin desconocer los derechos de las víctimas ni las garantías del debido proceso.

No se suspenderían las órdenes de captura ni las extradiciones

Otro punto señalado por el Gobierno es que el mecanismo no implicaría una suspensión automática de las órdenes de captura ni de los requerimientos de extradición.

De acuerdo con la explicación presentada sobre la iniciativa, las personas requeridas por otros países continuarían sujetas a los procedimientos correspondientes. El sometimiento a la justicia colombiana no eliminaría por sí mismo las obligaciones judiciales internacionales.

Este aspecto busca diferenciar la propuesta de otros mecanismos de diálogo y negociación utilizados en políticas anteriores. El alcance definitivo, sin embargo, dependerá del texto radicado y de las modificaciones que se introduzcan durante su discusión.

¿Qué sectores políticos respaldarían el proyecto?

La iniciativa comenzará su trámite en la Comisión Primera del Senado y cuenta, según los reportes divulgados, con expectativas de respaldo de sectores liberales, conservadores, de La U, de Cambio Radical y de la coalición de Gobierno.

El senador del Centro Democrático Hernán Cadavid manifestó que su partido está preparado para debatir la propuesta como parte de una estrategia contra las estructuras criminales. Por su parte, la senadora Carolina Corcho había expresado previamente respaldo al anuncio de una ley de sometimiento.

El proyecto tendrá mensaje de urgencia y podría ser estudiado conjuntamente por las comisiones primeras del Senado y la Cámara, de acuerdo con el procedimiento que se determine para su trámite.

La discusión también está relacionada con la necesidad de definir el marco jurídico que regirá estos mecanismos de sometimiento frente a los plazos y las disposiciones de la legislación de orden público.

Los principales puntos que deberá resolver el Congreso

Durante el debate, los congresistas tendrán que examinar la proporcionalidad de las rebajas de penas frente a la gravedad de los delitos, las diferencias entre integrantes rasos y máximos responsables, y las garantías para que la entrega de armas y bienes ilícitos sea efectiva.

También deberán establecer cómo se verificará la información entregada, qué ocurrirá si una organización continúa delinquiendo y cuáles serán los mecanismos para proteger a las víctimas y asegurar su reparación.

La iniciativa plantea una ruta jurídica para el sometimiento de organizaciones criminales, pero su efectividad dependerá de las condiciones que finalmente apruebe el Congreso y de la capacidad institucional para comprobar que los compromisos se cumplan.

Por ahora, las rebajas de penas son una propuesta legislativa, no beneficios vigentes. El proyecto deberá superar los debates correspondientes antes de que pueda aplicarse.

Preguntas frecuentes

¿Qué propone la ley de acogimiento radicada por el Gobierno?

El proyecto busca crear un mecanismo jurídico para que integrantes de organizaciones criminales abandonen las armas, colaboren con la justicia y respondan por sus delitos. La iniciativa no contempla negociaciones políticas ni reconoce estatus político a esas estructuras.

¿De cuánto serían las rebajas de pena para quienes se sometan a la justicia?

El proyecto plantea rebajas de hasta el 50 % para integrantes sin funciones de liderazgo y de hasta el 30 % para cabecillas. Los beneficios no serían automáticos y dependerían del desarme, la colaboración judicial, la verdad, la entrega de bienes y la reparación a las víctimas.

¿El sometimiento suspendería las órdenes de captura o las extradiciones?

No, según la explicación del Gobierno, el mecanismo no suspendería automáticamente las órdenes de captura ni los requerimientos de extradición. Las personas solicitadas por otros países continuarían sujetas a los procedimientos correspondientes.