El senador Iván Cepeda cuestionó al presidente Abelardo de la Espriella por calificar como “instigadores de la maldad” a algunos de los convocantes de las movilizaciones del 14 de octubre. El congresista sostuvo que las declaraciones del mandatario pueden estigmatizar la protesta social y generar intimidación entre quienes buscan ejercer su derecho a manifestarse.
La controversia se produjo después de la alocución presidencial del 12 de octubre, en la que De la Espriella defendió la protesta pacífica, pero advirtió que su Gobierno no tolerará actos violentos, daños a bienes ni bloqueos que afecten servicios esenciales.
Cepeda acusa al Gobierno de estigmatizar la protesta
Ante los medios de comunicación, Cepeda rechazó los términos empleados por el presidente para referirse a los sectores que convocaron las marchas.
“Vemos una intención de estigmatizar la protesta social, de buscar generar un ambiente de intimidación para que la gente no salga a ejercer sus derechos”, afirmó el senador, según informó Infobae.
El congresista defendió el carácter constitucional de la movilización pacífica y cuestionó que el jefe de Estado relacionara a los convocantes con supuestos propósitos de desestabilización. También confirmó su participación en las manifestaciones previstas para el miércoles 14 de octubre.
Las movilizaciones fueron convocadas por sindicatos, organizaciones docentes, movimientos sociales y sectores de oposición. Entre las principales reivindicaciones figuran las condiciones laborales, la educación pública, la atención en salud para los maestros y las garantías para el ejercicio de las libertades democráticas.
¿Qué dijo Abelardo de la Espriella?
Durante su intervención televisada del 12 de octubre, el presidente aseguró que la protesta pacífica es una garantía constitucional y pidió a los organizadores que las movilizaciones se desarrollen sin violencia.
Sin embargo, también cuestionó a los sectores que promueven el paro y les atribuyó la intención de generar caos y afectar a su administración. En ese contexto, afirmó:
“Son instigadores de la maldad y no luchadores por la libertad”.
De la Espriella sostuvo que las autoridades deben proteger a quienes se manifiestan pacíficamente, pero actuar frente a conductas que constituyan delitos. Entre los hechos que mencionó están las agresiones contra ciudadanos, la destrucción de bienes y las obstrucciones que impidan el acceso de ambulancias o el funcionamiento de los servicios de emergencia.
El mandatario también aseguró que no se debe responsabilizar a todos los manifestantes por las actuaciones violentas que puedan cometer algunos participantes.
Decreto 1525: nuevas reglas para las manifestaciones
La controversia se amplió con la expedición del Decreto 1525 del 13 de octubre de 2026, mediante el cual el Gobierno modificó el protocolo de actuación de la Policía durante las manifestaciones públicas.
Según la explicación oficial, la norma establece niveles de intervención que incluyen gestión preventiva, diálogo, mediación, disuasión y restablecimiento del orden. También contempla medidas para responder a hechos violentos y a bloqueos prolongados que afecten la movilidad o el acceso a servicios esenciales.
Uno de los cambios señalados por el Gobierno es que, cuando se presenten hechos violentos, la intervención contra sus responsables no tendrá que esperar a que concluya el diálogo con el conjunto de los manifestantes. La norma también establece mecanismos de coordinación institucional y corredores de paso para ambulancias, misiones médicas, alimentos y medicamentos.
Los críticos del decreto han expresado preocupación por la posibilidad de que las nuevas reglas amplíen la discrecionalidad policial y afecten el ejercicio de la protesta pacífica. El Gobierno, por su parte, sostiene que el propósito es proteger tanto a los manifestantes como a los ciudadanos que necesitan desplazarse o acceder a servicios esenciales.
Marchas del 14 de octubre en varias ciudades
La jornada fue convocada por organizaciones como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fecode, la Asociación Distrital de Educadores (ADE) y otros sectores sindicales y sociales, con respaldo de movimientos políticos de oposición.
En Bogotá, una de las principales concentraciones fue programada para las 10:00 a. m. en el Parque Nacional, con recorrido hacia la Plaza de Bolívar. También se anunciaron movilizaciones en Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Ibagué y otras ciudades del país.
Las autoridades locales prepararon medidas de acompañamiento, movilidad y atención de emergencias para la jornada. En Bogotá, la Secretaría Distrital de Gobierno publicó la programación de las manifestaciones e invitó a la ciudadanía a consultar las actualizaciones oficiales.
El debate entre Cepeda y De la Espriella refleja dos posiciones frente a la movilización: mientras el Gobierno insiste en que protegerá la protesta pacífica y actuará ante hechos violentos, el senador y otros sectores opositores advierten que el lenguaje presidencial y los cambios al protocolo policial pueden afectar las garantías para manifestarse.
Preguntas frecuentes
¿Por qué Iván Cepeda cuestionó a Abelardo de la Espriella?
Iván Cepeda cuestionó al presidente Abelardo de la Espriella por calificar como “instigadores de la maldad” a algunos convocantes de las marchas del 14 de octubre. Según el senador, esas declaraciones pueden estigmatizar la protesta social y generar intimidación entre quienes buscan manifestarse.
¿Qué dijo Abelardo de la Espriella sobre las marchas del 14 de octubre?
El presidente defendió la protesta pacífica como una garantía constitucional, pero advirtió que su Gobierno no tolerará actos violentos, daños a bienes ni bloqueos que afecten servicios esenciales. También afirmó que algunos promotores eran “instigadores de la maldad y no luchadores por la libertad”.
¿Qué establece el Decreto 1525 sobre las manifestaciones?
El Decreto 1525 del 13 de octubre de 2026 modificó el protocolo de actuación de la Policía durante las manifestaciones públicas. La norma contempla diálogo, mediación, disuasión y restablecimiento del orden, además de medidas frente a hechos violentos y bloqueos que afecten la movilidad o los servicios esenciales.




