Juez federal frena orden de Trump sobre reporte de raza en admisiones universitarias en Estados Unidos
Un juez federal de Boston bloqueó temporalmente la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que obligaba a universidades públicas a recopilar y reportar datos sobre el uso de la raza en sus procesos de admisión, tras una demanda presentada este abril por una coalición de 17 fiscales generales estatales. La decisión fue emitida el viernes 3 de abril de 2026 a las 6:36 p. m. en Estados Unidos, equivalente a la noche del sábado en Colombia.
La medida suspendida exigía que instituciones con contratos federales por más de 50.000 dólares entregaran información específica sobre raza, etnia, promedios y puntajes en exámenes de quienes postulaban, eran admitidos y matriculados, con un plazo de 120 días desde agosto de 2025. Esta instrucción respondía a la sentencia de la Corte Suprema estadounidense del 29 de junio de 2023, que cambió políticas respecto al uso de raza en la admisión a universidades, calificando como inconstitucional tratar negativamente la raza o establecer preferencias sin objetivos medibles precisos para la selección de estudiantes.
El juzgado de Massachusetts otorgó una orden judicial preliminar argumentando falta de consulta adecuada con las instituciones educativas y con el Centro Nacional de Estadísticas de Educación, adjuntando que la directriz federal implementada por la administración Trump generó múltiples problemas operativos. Según reportes recabados por entidades educativas y judiciales, además de la orden frenada a universidades públicas de los estados demandantes, permanece una demanda federal similar pendiente contra la universidad Harvard por el mismo asunto desde enero de 2026.
El contexto de estas acciones inicia tras el final oficial de programas de acción afirmativa derivado del fallo supremo de 2023, con cambios cada vez más notorios en la composición racial de los admitidos en los campus universitarios de todo el país. Tras la suspensión adoptada en Boston, la obligación de revelar los datos seguiría detenida hasta que tribunales tomen una decisión de fondo sobre la constitucionalidad de la medida del Ejecutivo.
