Juzgado de Puerto Asís suspende aspersión aérea con glufosinato en Putumayo
La medida cautelar fue adoptada dentro de una tutela que cuestiona el plan piloto autorizado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella para combatir los cultivos ilícitos. El juzgado pidió información técnica y ambiental antes de decidir de fondo.
Un juzgado de Puerto Asís, Putumayo, ordenó suspender provisionalmente cualquier operación de aspersión aérea con glufosinato de amonio en ese departamento. La decisión fue tomada el 11 de septiembre de 2026, mientras el despacho estudia una acción de tutela que advierte sobre posibles riesgos para la salud, el agua y el ambiente.
La tutela fue presentada por la Fundación Tiempo de Cambios para la Transformación Social, que cuestionó la decisión del Gobierno de Abelardo de la Espriella de reactivar un plan piloto de fumigación aérea contra los cultivos de coca.
Como medida cautelar, el juzgado dispuso detener las operaciones hasta que las autoridades entreguen la información que sustenta el programa. La orden no cancela ni anula el plan piloto, pero impide que avance en Putumayo mientras se define si la iniciativa cumple con las garantías constitucionales y ambientales exigidas.
El plan fue autorizado por el Consejo Nacional de Estupefacientes el 18 de agosto de 2026. Posteriormente, el 10 de septiembre, la Policía Nacional informó que la aspersión comenzaría en Putumayo bajo un esquema experimental, controlado, limitado, temporal y sujeto a evaluación.
Sin embargo, el juzgado consideró necesario revisar con mayor profundidad el alcance territorial de la operación, las condiciones en las que se ejecutaría y los estudios técnicos utilizados para respaldarla. También pidió evaluar sus posibles efectos sobre las comunidades, las fuentes de agua, la biodiversidad, los polinizadores y los ecosistemas amazónicos.
Para avanzar en el estudio de la tutela, el despacho solicitó información al Consejo Nacional de Estupefacientes, los ministerios de Justicia, Defensa, Ambiente y Salud, la Dirección de Antinarcóticos, la Gobernación de Putumayo y la Aeronáutica Civil, entre otras entidades.
Las autoridades deberán remitir sus respuestas en plazos breves. Con esos documentos, el juzgado determinará si la aspersión aérea puede continuar o si, por el contrario, deben adoptarse medidas adicionales para proteger los derechos invocados por la organización demandante.
Por ahora, la suspensión rige únicamente como una decisión provisional dentro del proceso judicial. La controversia de fondo gira en torno a si el Gobierno contó con suficiente respaldo técnico, ambiental y sanitario para poner en marcha el plan piloto y si su ejecución podría afectar derechos fundamentales de las comunidades de Putumayo.
