La defensora del Pueblo, Iris Marín, cuestionó las imágenes del presidente Abelardo De La Espriella caminando entre los cuerpos de 23 presuntos integrantes de las disidencias de las Farc abatidos durante la Operación Azarías, en Guaviare. Medicina Legal determinó que dos de los fallecidos eran menores de edad.
Marín aclaró que no estaba cuestionando la legitimidad de la operación militar ni el deber constitucional de combatir a los grupos armados. Su reparo se concentró en la utilización de los cadáveres como parte de la presentación pública de los resultados.
“No recuerdo haber visto a un presidente caminando entre los muertos y sintiéndose orgulloso de esas muertes”, declaró la defensora.
También advirtió que el Estado no puede competir con las organizaciones criminales para demostrar “quién puede ser más cruel” y recordó que, incluso dentro de un conflicto armado, los muertos deben recibir un trato digno.
La defensora alertó además sobre una página denominada Las bajas del Tigre, cuya condición oficial no ha sido confirmada y en la cual se contabilizan muertes y otros resultados operacionales del nuevo Gobierno. Marín relacionó este tipo de mediciones con el antecedente de los falsos positivos, aunque aclaró expresamente que no estaba afirmando que los cuerpos de la Operación Azarías correspondieran a esa lógica.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, respondió que no era correcto interpretar las palabras de la defensora como una equiparación entre el Estado y las estructuras criminales.
“Equiparar al Estado con las bandas narcoterroristas, como si compitiera en crueldad, no corresponde”, afirmó Lara. El ministro defendió el deber estatal de enfrentar a quienes reclutan menores, atacan con drones y aterrorizan a las comunidades.
El debate, por tanto, no está centrado únicamente en la legalidad de los bombardeos, sino en los límites éticos, constitucionales y simbólicos que debe conservar el Estado al comunicar sus resultados militares.
