La obra supera los $675.000 millones de inversión y tendrá capacidad para 1.339 personas sindicadas. El proyecto contempla inhibidores de señal celular, vigilancia privada especializada y espacios para salud, educación y resocialización, con el objetivo de aliviar el hacinamiento en las estaciones de Policía del Valle de Aburrá.

La Megacárcel Metropolitana para Sindicados, ubicada en la vereda Pedregal Alto del corregimiento de San Cristóbal, en Medellín, alcanzó un avance de construcción del 47 %, informó la Alcaldía el 19 de octubre de 2026.

El cronograma distrital contempla terminar las obras físicas en mayo de 2027 y realizar después una fase de alistamiento, pruebas de seguridad y verificación tecnológica. El alcalde Federico Gutiérrez espera que los primeros internos ingresen hacia finales de julio del próximo año.

“Vamos viento en popa. Aquí los criminales van a estar realmente pagando cárcel, no por ahí extorsionando a la gente, porque vamos a tener un control absoluto”, afirmó el mandatario durante una visita al proyecto.

Una infraestructura con capacidad para 1.339 personas

La megacárcel tendrá seis pabellones y capacidad para 1.339 personas privadas de la libertad. Cinco pabellones podrán albergar a 240 internos cada uno, mientras que el sexto tendrá 139 cupos e incluirá una Unidad de Tratamiento Especial y espacios adaptados para personas con discapacidad.

Cada celda está diseñada para alojar a cuatro personas. Además, el complejo contará con áreas de atención en salud, visitas familiares, educación, formación para el trabajo y otras actividades orientadas a la resocialización.

Según la Alcaldía, las celdas de los primeros cinco pabellones ya alcanzaron el cuarto nivel de construcción. También avanzan las estructuras de cubierta, las redes internas y los edificios destinados a sanidad, formación, educación, visitas y servicios administrativos.

La ubicación en San Cristóbal convierte el proyecto en una de las principales apuestas del Distrito para ampliar la infraestructura de reclusión transitoria y reducir la presión sobre las estaciones de Policía.

Inhibidores de señal y vigilancia privada especializada

Uno de los componentes centrales del proyecto es el control de las comunicaciones dentro del establecimiento. La megacárcel contará con inhibidores de señal de telefonía celular para dificultar que los internos utilicen teléfonos móviles para coordinar actividades delictivas, incluidas las extorsiones telefónicas.

La infraestructura también contempla que las celdas no tengan tomas de corriente, como parte de las medidas anunciadas para limitar el uso de dispositivos electrónicos no autorizados.

La Alcaldía indicó, además, que la vigilancia estará a cargo de un operador privado especializado en seguridad penitenciaria, en lugar de reproducir el esquema habitual de custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

El modelo busca establecer controles de acceso, vigilancia permanente y procedimientos de seguridad adecuados para un centro destinado a personas sindicadas. Su efectividad dependerá de la implementación de los protocolos, la supervisión del operador y la capacidad de impedir que las redes criminales mantengan comunicaciones desde el interior.

¿Cómo se financiará la megacárcel?

El proyecto se desarrolla mediante un esquema de Asociación Público-Privada (APP), con una concesión de 15 años: tres de construcción y 12 de operación.

De acuerdo con la Alcaldía, la empresa concesionaria Carmet Medellín S.A.S., vinculada al grupo mexicano Prodemex, financia y construye la infraestructura. El Distrito comenzará a realizar los pagos una vez entre en funcionamiento y haya personas privadas de la libertad en el establecimiento.

La inversión total supera los $675.000 millones. Durante los 12 años de operación, los pagos distritales se proyectan entre $50.000 y $60.000 millones anuales. Al finalizar el periodo de concesión, la infraestructura pasará a ser propiedad del Distrito de Medellín.

En 2023, el proyecto también obtuvo financiación por $215.000 millones mediante entidades del Grupo Aval, entre ellas el Banco de Occidente y el Banco de Bogotá, según la información publicada sobre la operación financiera.

La Administración Distrital sostiene que el esquema permite desarrollar la obra sin desembolsos municipales durante la etapa de construcción. Sin embargo, esto no significa que el proyecto carezca de costo para las finanzas públicas: los pagos están previstos para la fase de operación y se extenderán durante 12 años.

Los antecedentes de Prodemex, bajo la lupa

Prodemex, empresa relacionada con la concesionaria del proyecto, ha participado en la construcción y operación de infraestructura penitenciaria en México. En 2021, el entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador cuestionó públicamente los costos de contratos para operar centros penitenciarios federales y afirmó que se pagaban tarifas excesivas por los servicios.

Tras las críticas, el Gobierno mexicano renegoció contratos y anunció una reducción del 15 % en los pagos. Estos antecedentes forman parte de las controversias públicas relacionadas con el modelo de contratación penitenciaria en ese país.

La empresa también ha sido mencionada en reportes sobre la Línea 12 del Metro de Ciudad de México, cuyo viaducto colapsó en mayo de 2021 y dejó 26 personas muertas y decenas de heridas. La participación empresarial en un proyecto no implica, por sí sola, que exista responsabilidad penal o que todos los contratos de la compañía presenten irregularidades.

La Alcaldía de Medellín ha señalado que conoce los antecedentes y que el proyecto local cuenta con mecanismos de supervisión institucional. La ejecución está acompañada por la Agencia APP y la Secretaría de Seguridad y Convivencia, con participación de Carmet Medellín S.A.S. y el Consorcio Intercárceles.

El hacinamiento seguirá siendo un desafío

La megacárcel se construye en medio de la sobreocupación de las estaciones de Policía y otros lugares de detención transitoria. Según cifras de la Personería de Medellín citadas en los reportes sobre el proyecto, las estaciones y calabozos tenían 1.532 personas privadas de la libertad frente a una capacidad de 688, lo que representa un hacinamiento del 123 %.

Si se incluyen las personas retenidas en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía, la cifra total de detenidos en espacios transitorios puede ser considerablemente mayor.

Con 1.339 cupos, la nueva infraestructura podría trasladar a una parte importante de la población que hoy permanece en esos lugares. Sin embargo, su capacidad no bastará para resolver por sí sola todos los problemas de sobreocupación, especialmente si continúan ingresando nuevos detenidos y no se amplía la infraestructura disponible.

Jorge Carmona, exdefensor de derechos humanos de la población carcelaria, ha advertido que la construcción no solucionará de manera definitiva las dificultades del sistema de detención transitoria. Su cuestionamiento apunta a la necesidad de una respuesta integral que incluya infraestructura, condiciones dignas de reclusión y cumplimiento de las decisiones judiciales relacionadas con los derechos de las personas privadas de la libertad.

La obra ha generado 563 empleos directos, según la Alcaldía, con participación de trabajadores de San Cristóbal y sectores cercanos. El Distrito proyecta que el avance supere el 60 % al cierre de 2026.

En conclusión, la megacárcel de Medellín tiene previsto terminar su construcción en mayo de 2027 y comenzar a recibir internos hacia finales de julio de ese año, siempre que se cumplan los plazos y las pruebas de alistamiento. Con 1.339 cupos, vigilancia privada especializada y controles tecnológicos, el proyecto busca reducir el hacinamiento en las estaciones de Policía, aunque su impacto dependerá también de las necesidades futuras de reclusión y de la gestión del sistema judicial y penitenciario.

Preguntas frecuentes

¿Cuándo abrirá la megacárcel de Medellín?

La Alcaldía proyecta terminar la construcción en mayo de 2027 y recibir a los primeros internos hacia finales de julio, después de una etapa de alistamiento y pruebas de seguridad.

¿Cuántas personas podrá albergar la megacárcel?

Tendrá capacidad para 1.339 personas sindicadas, distribuidas en seis pabellones. Cinco tendrán 240 cupos cada uno y el sexto contará con 139.

¿La megacárcel acabará con el hacinamiento en las estaciones de Policía?

No necesariamente. La infraestructura permitirá trasladar a una parte de los detenidos que hoy permanecen en espacios transitorios, pero su capacidad es limitada frente al volumen de personas retenidas y las necesidades futuras del sistema.