De las guarniciones militares a la cárcel La Picota. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, ordenó el traslado de Sneyder Pinilla y Olmedo López, dos de los principales implicados y testigos del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
El presidente Abelardo De La Espriella celebró la decisión con una frase directa: “Se acabó la guachafita”. Según el mandatario, también terminaron los privilegios y las llamadas “cárceles VIP” para quienes están procesados por apropiarse de los recursos públicos.
Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres, y López, exdirector de la UNGRD, permanecían recluidos en instalaciones militares mientras avanzan sus procesos y sus compromisos de colaboración con la Fiscalía. Sus declaraciones han permitido abrir expedientes contra exministros, excongresistas y antiguos funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro.
Sin embargo, el traslado abrió inmediatamente una controversia jurídica. Luis Gustavo Moreno, abogado de Sneyder Pinilla, aseguró que existe una orden judicial vigente que dispone que su cliente permanezca en un centro de reclusión militar.
“Las decisiones de los jueces de la República deben ser respetadas y cumplidas”, señaló el defensor, quien recordó que Pinilla se convirtió en testigo y que las garantías ofrecidas dentro de su proceso de cooperación deben proteger efectivamente su vida.
La defensa de Olmedo López presentó un argumento similar. Su abogado, José Moreno, sostuvo que existe una orden para mantenerlo recluido en el Cantón Militar Caldas y afirmó que la propia Fiscalía advirtió por escrito que su riesgo aumentó después de comenzar a colaborar con la justicia.
Según el apoderado, López será testigo de cargo en otros procesos derivados del saqueo de la UNGRD. Por eso solicitó suspender el traslado y pidió la intervención del juez, la Fiscalía y la Procuraduría.
El debate, por lo tanto, no es si Pinilla y López deben seguir privados de la libertad. Sus abogados no están solicitando que sean liberados. La controversia consiste en determinar dónde deben permanecer y qué autoridad tiene la última palabra sobre las condiciones de su reclusión.
El Gobierno presenta el traslado como el fin de un tratamiento privilegiado. Las defensas, en cambio, aseguran que no se trata de comodidad, sino de proteger a dos hombres que conocen los nombres, contratos y rutas del dinero detrás de uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años.
Preguntas frecuentes
¿Por qué trasladaron a Sneyder Pinilla y Olmedo López a la cárcel La Picota?
El INPEC ordenó el traslado desde instalaciones militares a La Picota. El Gobierno presentó la decisión como el fin de los privilegios y de las llamadas cárceles VIP para procesados por corrupción.
¿Qué cuestionan los abogados de Sneyder Pinilla y Olmedo López sobre el traslado?
Las defensas aseguran que existen órdenes judiciales para que ambos permanezcan recluidos en centros militares. También advierten que su riesgo aumentó porque colaboran con la Fiscalía y son testigos en procesos relacionados con el escándalo de la UNGRD.
¿Pinilla y López están solicitando quedar en libertad?
No. Sus abogados no piden la libertad, sino que se determine dónde deben permanecer privados de la libertad y qué autoridad puede definir sus condiciones de reclusión.
