📸 Cortesía: redes sociales / D.R.A.
Desalojo violento de jóvenes frente a la ONU en Caracas dejó detenciones y denuncias de torturas
En la madrugada del 8 de mayo de 2014, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana ejecutaron un desalojo violento en campamentos pacíficos de jóvenes en Caracas, deteniendo a 191 personas. El operativo y la represión fueron documentados en un informe reciente de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, basado en testimonios recogidos en el lugar.
Los campamentos físicos estaban ubicados en la Avenida Francisco de Miranda, frente a la sede de la ONU en Los Palos Grandes, así como en la Plaza Alfredo Sadel y Las Mercedes. Allí se mantenían decenas de jóvenes desde el 24 de marzo, agrupados por la organización “Jóvenes Venezolanos” para protestar contra detenciones arbitrarias durante manifestaciones antigovernamentales. La protesta pacífica duró casi mes y medio.
Entre las 2:30 y 3:00 a.m., el Comando Regional N°5 de la Guardia Nacional movilizó cientos de funcionarios, vehículos blindados y civiles en presunta colaboración de grupos armados al margen de la policía. Deportaron y retuvieron a 130 hombres y 61 mujeres, quienes fueron trasladados a la sede del CORE N°5 en la subida de Tazón. Durante tres días estuvieron esposados, bajo condiciones indignas, sin acceso a apoyo legal ni suministros básicos. Se reportaron golpizas, gases lacrimógenos en espacios cerrados, amenazas de violación, simulación de ejecuciones y siembra de armas, drogas y explosivos.
Una testimoniante dijo que les decían “que no saldríamos vivos de ahí”. Según informe, falsificaciones con pruebas sembradas fueron centrales en la estrategia policial. Solo en ese operativo hubo denuncias y se documentó hasta 243 detenidos en cuatro lugares del este de Caracas mientras el gobierno sostener que desmantelaban blancos terroristas.
La ONU vinculó esta operación con altos mandos de Fuerzas Armadas, incluyendo al presidente Nicolás Maduro como comandante en jefe, y ministros de defensa e interior, además de responsables tácticos descritos por testigos. Algunos líderes con presencia en la cadena de mando recibieron fuertes ascensos en años posteriores.
A 12 años, las víctimas continúan calando el miedo y afrontan impunidad ante un sistema que no avanza en investigación de tales hechos. Por eso, la Misión de Determinación de Hechos de la ONU habilita hoy documentos que evidencian las denuncias ecos solidarios de una juventud confrontada por la fuerza.
La Comisión Parlamentaria y la Alcaldía exige revisión judicial de estos procesos y protege el derecho a la defensa de las personas detenidas en contextos de protesta social y señalan la importancia de seguimiento nacional para garantizar garantías procesales y prevenir nuevas violaciones.
