La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes reactivó dos expedientes contra el expresidente Gustavo Petro, luego de varios meses de demora en su trámite. Uno está relacionado con la presunta violación de los topes de financiación de su campaña presidencial de 2022 y el otro con la divulgación de información de la historia clínica de Kevin Acosta. Ambos procesos ya tienen ponentes, quienes deberán estudiar las pruebas y presentar una propuesta de decisión.
La asignación se conoció este domingo 15 de noviembre de 2026, bajo la hora oficial de Colombia. El expediente sobre la campaña quedó en manos de Carlos Cuenca Chaux, representante de Cambio Radical y presidente de la Comisión para el periodo legislativo 2026-2027.
Cuenca deberá revisar un expediente de más de 500 páginas y establecer si existen elementos para abrir una investigación formal contra Petro o si, por el contrario, procede una decisión inhibitoria. El caso había sido analizado previamente por un triunvirato integrado por Gloria Arizabaleta, Alirio Uribe y Wilmer Carrillo, quienes expusieron posiciones diferentes sobre la continuidad del proceso.
El segundo expediente fue asignado a Daniel Briceño, representante del Centro Democrático. La actuación se refiere a una publicación realizada desde la cuenta oficial de Petro en la red social X, en la que se habría divulgado información perteneciente a la historia clínica de Kevin Acosta, un niño de siete años que murió en febrero de 2026 por complicaciones asociadas con una hemorragia cerebral y hemofilia A severa.
La reactivación de los expedientes se produce en medio de cuestionamientos por la falta de recursos y personal en la Comisión, situación que habría retrasado la designación de ponentes en numerosos procesos. Reportes conocidos en Colombia señalan que Petro acumula alrededor de 370 investigaciones penales y disciplinarias en esa célula legislativa, aunque la cifra y el estado de cada caso varían según el registro consultado.
La designación de Cuenca y Briceño no constituye una acusación ni determina responsabilidad. Los representantes deberán revisar las pruebas, ordenar las actuaciones que consideren necesarias y presentar sus conclusiones ante la Comisión, que decidirá si archiva los expedientes o permite que avancen formalmente.
