El expresidente Gustavo Petro rechazó los señalamientos que lo vinculan con supuestas presiones a antiguos jefes paramilitares para que declararan contra el presidente Abelardo de la Espriella, el expresidente Álvaro Uribe y otros dirigentes políticos. El exmandatario defendió la creación de una mesa con excomandantes de las autodefensas y pidió hacer públicas las actas, las comunicaciones y las grabaciones de las reuniones.

«No voy a aceptar que se me atribuyan hechos tan graves sin que exista una sola prueba que demuestre que di una orden para presionar a alguien a declarar contra Álvaro Uribe o contra cualquier otro dirigente político», afirmó Petro, al responder a las denuncias relacionadas con el denominado «Pacto de Valledupar».

Petro defiende la mesa con antiguos comandantes paramilitares

El exmandatario sostuvo que la mesa con los antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) no fue un encuentro clandestino. Según su versión, se trató de un espacio establecido mediante la Resolución 327 del 21 de septiembre de 2025, con el objetivo de avanzar en el esclarecimiento de la verdad, la reparación de las víctimas y el cierre de asuntos pendientes del proceso de paz con los grupos paramilitares.

Petro insistió en que las reuniones deben examinarse a partir de sus documentos y registros, y no únicamente mediante versiones parciales sobre lo ocurrido. Por eso, solicitó divulgar las actas, las comunicaciones, las grabaciones y los nombres de quienes participaron.

«Que se conozca todo. Que aparezcan las actas, las comunicaciones, las grabaciones y los nombres de quienes participaron», manifestó.

Petro cuestiona el papel de las instituciones invitadas

El expresidente también preguntó por qué entidades como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo no habrían denunciado oportunamente posibles irregularidades, en caso de haberlas conocido durante las reuniones.

Su planteamiento busca que se establezca qué información tenían las instituciones participantes y cuál fue su actuación frente a los hechos que ahora son objeto de controversia.

Sin embargo, la solicitud de divulgar los registros no resuelve por sí misma las denuncias. Para determinar si existieron presiones, quiénes habrían intervenido y si hubo instrucciones de algún funcionario, será necesario contrastar los testimonios con documentos y otras pruebas.

Mancuso señaló a delegados del Gobierno, pero dijo que Petro no se lo pidió directamente

La controversia tomó fuerza después de que se conocieran denuncias sobre una presunta solicitud para que antiguos jefes paramilitares señalaran a dirigentes políticos, entre ellos Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras.

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso se refirió a esas acusaciones y afirmó que Petro nunca le hizo directamente esa petición. También sostuvo que las personas involucradas deberán responder ante la justicia por su participación en los hechos.

«¿Fue una orden del presidente? A mí nunca me lo pidió. Eso lo responden ella, su asesor y el expresidente ante la justicia», declaró Mancuso, según las palabras reproducidas en el reporte periodístico.

El excomandante añadió que estaba dispuesto a acudir a la Fiscalía si era requerido y aseguró que había entregado información bajo juramento durante años ante jueces y víctimas.

Sus declaraciones no constituyen, por sí solas, una conclusión judicial sobre la existencia de una orden presidencial. La responsabilidad de cada persona deberá establecerse a partir de las pruebas y de las actuaciones de las autoridades competentes.

¿Qué se sabe del llamado Pacto de Valledupar?

La existencia del denominado «Pacto de Valledupar» fue divulgada en una columna periodística de Melquisedec Torres, publicada en octubre de 2026. El reporte describió una reunión entre delegados del Gobierno y antiguos integrantes de las estructuras paramilitares, así como los participantes y los asuntos tratados.

El caso abrió interrogantes sobre el propósito de los encuentros, el alcance de las gestiones oficiales y la posibilidad de que se hubiera intentado influir en las declaraciones de antiguos comandantes. Estas cuestiones deben diferenciarse de los hechos que ya estén documentados y de las acusaciones que todavía requieren comprobación.

La discusión también involucra el derecho de las víctimas a conocer la verdad sobre los crímenes cometidos por los grupos paramilitares y a que sus testimonios no sean utilizados con fines políticos.

Petro insiste en que la verdad debe conocerse públicamente

Al cerrar su pronunciamiento, Petro afirmó que la verdad sobre los hechos debe estar al alcance de las víctimas y de la ciudadanía, y no quedar bajo el control de un gobierno o de un partido político.

«La verdad les pertenece a las víctimas y al pueblo colombiano. No a un gobierno, no a un partido y mucho menos a quienes quieran utilizarla para sus propios intereses», expresó.

Por ahora, Petro niega haber ordenado presiones contra dirigentes políticos y pide divulgar los registros de las reuniones del Pacto de Valledupar. Mancuso, por su parte, afirmó que el expresidente nunca le hizo directamente esa solicitud. La existencia de una eventual orden y las responsabilidades individuales deberán establecerse mediante pruebas y decisiones de las autoridades judiciales.

Preguntas frecuentes

¿Qué respondió Gustavo Petro sobre el Pacto de Valledupar?

Negó haber ordenado presiones a exjefes paramilitares para que declararan contra Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe u otros dirigentes, y pidió publicar las actas y grabaciones de las reuniones.

¿Qué dijo Salvatore Mancuso sobre una posible orden de Petro?

Mancuso afirmó que Petro nunca le hizo directamente esa petición y sostuvo que las personas involucradas deberán responder ante la justicia.

¿Ya se comprobó que existieron presiones contra dirigentes políticos?

La información descrita no permite afirmar que exista una conclusión judicial definitiva sobre una orden presidencial. Las denuncias deben contrastarse con testimonios, documentos y otras pruebas.