El Gobierno ofrece beneficios condicionados a integrantes de estructuras criminales que entreguen bienes, información y colaboren con las víctimas
El Gobierno de Abelardo de la Espriella puso sobre la mesa su fórmula para conseguir que las organizaciones criminales se sometan a la justicia: rebajas de hasta el 50 % de la condena, pero sin reconocimiento político ni mesas de negociación.
El proyecto fue radicado en el Congreso por los ministros del Interior, Rodrigo Lara, y de Justicia, Iván Cancino. La iniciativa pretende establecer un procedimiento permanente para que integrantes de estructuras armadas abandonen las armas, entreguen sus bienes ilegales y colaboren con las autoridades.
“No es una negociación política. Por esa razón, el interlocutor con el Gobierno de los grupos armados o terroristas tiene que ser abogado”, explicó Cancino. Según el ministro, las conversaciones serán estrictamente jurídicas y las organizaciones ilegales no podrán intervenir en el debate legislativo.
El articulado propone rebajas de hasta el 50 % para quienes cumplan las condiciones y realicen aportes verificables. Para los integrantes que hayan ejercido funciones de liderazgo, el beneficio sería menor: una reducción de hasta el 30 %.
Los aspirantes tendrían que suministrar información sobre sus activos ilícitos, entregar bienes destinados a reparar a las víctimas y colaborar con la búsqueda de personas desaparecidas o secuestradas. También deberán contribuir a la entrega de menores reclutados y al esclarecimiento de los delitos cometidos por la organización.
Uno de los artículos abre la posibilidad de suspender condicionalmente la ejecución de la pena, después de un año, para colaboradores involucrados en lavado de activos, testaferrato o enriquecimiento ilícito. El beneficio dependería de que entreguen los bienes obtenidos ilegalmente y participen en medidas verificables de justicia restaurativa.
La propuesta marca distancia de la política de “paz total” del gobierno anterior. Abelardo no ofrece estatus político, negociaciones territoriales ni participación en la construcción de la ley. Su Gobierno plantea una disyuntiva: sometimiento bajo condiciones jurídicas o continuación de las capturas, operaciones militares y extradiciones.
Preguntas frecuentes
¿Qué beneficios ofrece el Gobierno de Abelardo de la Espriella a los integrantes de estructuras criminales que se sometan a la justicia?
El proyecto contempla rebajas de hasta el 50 % de la condena para quienes abandonen las armas, entreguen bienes ilegales y colaboren con las autoridades y las víctimas. Para quienes hayan ejercido funciones de liderazgo, la reducción podría ser de hasta el 30 %.
¿Qué condiciones deben cumplir los integrantes de organizaciones criminales para acceder a los beneficios?
Deben suministrar información sobre sus activos ilícitos, entregar bienes para reparar a las víctimas y colaborar en la búsqueda de desaparecidos o secuestrados. También deben contribuir a la entrega de menores reclutados y al esclarecimiento de los delitos de la organización.
¿El proyecto contempla negociaciones políticas o reconocimiento de estatus para los grupos armados?
No. La propuesta establece conversaciones estrictamente jurídicas, sin reconocimiento político, mesas de negociación, negociaciones territoriales ni participación de las organizaciones ilegales en la construcción de la ley.
