📸 Imagen cortesía Federico Gutiérrez
¿Amenazas de muerte detrás de una pantalla?
Este martes 9 de septiembre de 2025, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena contra Andrey José Piñarete Galindo por enviar amenazas de muerte a Federico Gutiérrez, entonces candidato presidencial y hoy alcalde de Medellín.
La historia se remonta a la noche del 10 de agosto de 2022, cuando Gutiérrez recibió un mensaje directo en Instagram, originado desde España, que no dejaba lugar a dudas. “Das asco pichurria, meterte una indumil es poco mejor unas 15, dejarle la cabeza llena de metralla”, rezaba el texto, cargado de violencia y explícitas menciones a armas. Fue una amenaza que excedió la esfera digital para impactar la seguridad del político y su familia.
El proceso judicial arrancó seis días después, con la denuncia formal presentada por Gutiérrez ante la Fiscalía General de la Nación. El Grupo de Amenazas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos asumió la investigación. Gracias a pruebas forenses que vincularon número telefónico y cuenta de Instagram, y apoyados en testimonios —entre ellos el de la expareja de Piñarete y el propio afectado—, se estableció la autoría del mensaje. En aquel momento, Piñarete residía en Gran Canaria.
Durante el juicio, la defensa intentó sembrar dudas sobre la cadena de custodia del mensaje y cuestionó la credibilidad del testimonio de Gutiérrez, señalando contradicciones en las fechas y circunstancias. Sin embargo, el tribunal no encontró motivos suficientes para invalidar las pruebas, manteniendo la sentencia inicial: seis años y cuatro meses de prisión, multa equivalente a 30 salarios mínimos legales y la inhabilidad para ejercer cargos públicos por igual tiempo.
Este fallo no solo esclarece un capítulo oscuro de amenazas digitales contra líderes políticos, sino que abre una reflexión profunda sobre la fragilidad de la seguridad en el espacio virtual. ¿Hasta qué punto están preparadas las instituciones para proteger a quienes, en nombre de la democracia, enfrentan estos riesgos? Y más aún, ¿qué mensaje envía esta condena a quienes creen que la pantalla puede ser escudo o arma sin consecuencias?
Mientras tanto, la esperanza persiste en que la justicia, aunque tardía, sea capaz de sostenerse firme entre las sombras del odio digital. ¿Podrá esta sentencia convertirse en un precedente contundente, definitivo contra la violencia que se esconde tras un perfil falso? El país mira atento.
