La alcaldesa de Bello, Lorena González, denunció haber recibido una amenaza de muerte a través de un perfil presuntamente asociado a la Secretaría de Medio Ambiente del municipio, en medio de la controversia por un reciente caso de maltrato animal en esta localidad del norte del Valle de Aburrá.

Denuncia ante las autoridades para esclarecer la amenaza

Ante la gravedad del mensaje intimidatorio, la mandataria informó que ya puso la denuncia formal ante las autoridades competentes con el objetivo de identificar al responsable detrás del perfil desde el cual se habría enviado la amenaza. Según los reportes, se trataría de un usuario con un perfil aparentemente falso, lo que ha dificultado establecer su origen con certeza.

Contenido ofensivo y amenaza directa en redes sociales

De acuerdo con la información divulgada, el mensaje intimidatorio llegó al chat de Instagram de la Secretaría de Medio Ambiente y contenía expresiones ofensivas dirigidas directamente a la alcaldesa, junto con una amenaza explícita de muerte. Este hecho ha generado preocupación por la seguridad de la funcionaria y ha motivado su llamado a las autoridades para actuar con prontitud.

Contexto vinculado al caso de maltrato animal

Lorena González relaciona la intimidación con la reacción generada por un proceso judicial en curso, que involucra a un ciudadano señalado como presunto agresor de dos perros en una unidad residencial del municipio. Aunque esta conexión es planteada como una hipótesis por la alcaldesa, aún no está confirmada oficialmente. La mandataria también anunció que solicitó que se aplique con rigor la Ley Ángel, norma orientada al fortalecimiento de la protección y sanción frente al maltrato animal.

La audiencia para revisar las actuaciones del presunto agresor está programada próximamente, y mientras tanto, la alcaldesa continúa insistiendo en la importancia de proteger a los animales y garantizar la seguridad de los funcionarios públicos frente a este tipo de amenazas. Este caso pone en evidencia los retos que enfrentan las autoridades locales para atender denuncias de maltrato animal y proteger a quienes lideran estos procesos.