El acuerdo energético entre Estados Unidos y Venezuela, anunciado a finales de agosto de 2026 y firmado en Caracas a principios de septiembre, ha desatado una reacción crítica pero cautelosa por parte de la líder opositora venezolana María Corina Machado. La dirigente cuestiona la legitimidad del gobierno interino que cerró el pacto y exige transparencia acerca de sus términos, aunque sin pedir explícitamente su anulación.
El convenio, presentado por el presidente estadounidense Donald Trump como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”, otorga a Estados Unidos control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo venezolano. Esto se materializa mediante concesiones a largo plazo en 17 campos estratégicos, con participación accionaria para Washington y derechos preferenciales para la compra de una parte significativa de la producción. El acuerdo fue dado a conocer públicamente por la Casa Blanca el 6 de enero de 2026 y se concretó tras una serie de visitas oficiales a Caracas, incluyendo la del secretario de Energía Chris Wright, quien participó en la firma de varios contratos con empresas estadounidenses e italianas.
Del lado venezolano, la presidenta interina Delcy Rodríguez ha defendido el acuerdo, describiéndolo como una asociación de 25 años que preserva la soberanía nacional sobre los recursos y que permitirá el desarrollo de esos 17 campos petroleros. Según Rodríguez, el pacto contempla inversiones superiores a 100.000 millones de dólares y plantea como meta inicial aumentar la producción hasta 1,5 millones de barriles diarios, generando ingresos fiscales estimados en más de 209.000 millones de dólares.
María Corina Machado ha centrado sus críticas en lo que denomina “el régimen ilegítimo” que negoció el acuerdo, y ha reclamado mayor claridad sobre quienes son los firmantes, el origen de los fondos, las garantías establecidas y los beneficios que recibirán los venezolanos. En declaraciones difundidas en redes sociales y medios de comunicación entre el 3 y el 5 de septiembre de 2026, Machado señaló que el alcance real del convenio sigue siendo incierto y destacó que “Venezuela vale mucho más que su petróleo”, subrayando que el verdadero valor del país está en su gente.
Pese a sus reparos sobre la forma y la autoridad que avaló el pacto, Machado ha expresado apoyo a la idea de una alianza energética sólida y mutuamente beneficiosa con Estados Unidos, basada en reglas claras, procesos de licitación transparentes y respeto absoluto a la propiedad de los recursos por parte de los venezolanos. Su postura refleja el intenso debate político que vive Venezuela tras el giro en las relaciones con Washington y la reapertura de grandes proyectos petroleros supervisados y co-participados por empresas estadounidenses.
Este acuerdo marca un momento clave en la relación bilateral y en la estrategia energética venezolana, generando expectativas y preguntas sobre su impacto económico, político y social en un país donde la soberanía y el control de sus recursos siempre han sido temas sensibles.
