Juliana Guerrero, exfuncionaria cercana al Gobierno de Gustavo Petro, fue condenada por fraude procesal en el caso de los títulos universitarios falsos que presentó para aspirar al cargo de viceministra de Juventudes. Al mismo tiempo, la Fiscalía General de la Nación mantiene abierta una investigación en su contra y contra su hermana, Verónica Guerrero, por una presunta red de gestión irregular de contratos y tráfico de influencias en entidades del Estado.

La condena fue impuesta en Bogotá, tras la validación judicial de un preacuerdo alcanzado en septiembre de 2026. Guerrero aceptó su responsabilidad y obtuvo una reducción en el grado de participación, al ser considerada cómplice. El acuerdo contempla una pena de tres años de prisión con ejecución condicional, una sanción económica y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El proceso se originó por dos diplomas —de contadora pública y de tecnóloga en gestión contable y tributaria— que, según la Fiscalía, Guerrero obtuvo de manera irregular en la Fundación Universitaria San José. La investigación sostiene que no cursó los programas académicos ni presentó los exámenes Saber Pro exigidos por la normativa colombiana.

En el expediente también aparece Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario general de la institución, quien aceptó su responsabilidad por falsedad en documento público. Su testimonio podría ayudar a establecer cómo fueron elaborados y entregados los documentos cuestionados.

De manera paralela, la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía adelanta desde julio de 2026 una investigación formal por una supuesta red dedicada a gestionar contratos públicos. Las pesquisas surgieron de denuncias de empresarios y de informes periodísticos que mencionan cobros de alrededor de un millón de pesos por reuniones iniciales, anticipos cercanos a 200 millones y comisiones equivalentes al 10 % del valor de los proyectos.

Los contratos habrían sido tramitados ante entidades como los ministerios de Vivienda, Interior e Igualdad, además de Fiduagraria y la Agencia Nacional de Tierras.

La defensa de Guerrero, representada por la firma Alzate Hernández, niega cualquier vínculo con sobornos o actividades ilícitas. La exfuncionaria ha asegurado que “jamás he recibido dinero” por gestiones irregulares y manifestó su disposición a comparecer ante la justicia.

Mientras cumple la condena bajo modalidad condicional, la Fiscalía continúa recopilando pruebas y verificando testimonios para determinar si presenta una acusación formal por los hechos de corrupción.