Eva Ferrer, exasesora de Verónica Alcocer y antigua consejera del Gobierno de Gustavo Petro, acusó a la ex primera dama de utilizar aeronaves oficiales para transportar drogas, armas y dinero entre Colombia y Venezuela. Los señalamientos fueron divulgados en una entrevista publicada el sábado 10 de octubre de 2026, hora colombiana, pero hasta ahora no han sido demostrados judicialmente ni están respaldados por documentos presentados públicamente.

Según la entrevista, difundida inicialmente por la revista Semana y recogida por medios como la agencia EFE, Alcocer habría viajado a Venezuela en enero de 2023 y regresado a Colombia con 2,5 millones de dólares. Ferrer sostuvo además que en esos desplazamientos se habría movilizado droga.

La exfuncionaria atribuyó parte de la información al empresario catalán Manel Grau, a quien identificó como una persona cercana al entorno de Alcocer. También afirmó que existirían fotografías de la ex primera dama descendiendo de una aeronave con varias maletas grises que, según le habrían informado, contenían estupefacientes.

Sin embargo, las imágenes no fueron divulgadas en los reportes conocidos ni han sido verificadas de manera independiente. Por esa razón, las acusaciones corresponden hasta el momento al testimonio de una fuente individual y no a hechos confirmados por autoridades judiciales o investigaciones oficiales.

La denuncia provocó una respuesta institucional. El presidente Abelardo de la Espriella ordenó el domingo 11 de octubre de 2026 una investigación de la Fuerza Aérea para establecer si aviones oficiales fueron utilizados en actividades ilícitas.

La revisión estará a cargo de la Inspección General y de organismos de contrainteligencia. El procedimiento examinará la actuación de personal actual y retirado relacionado con el Comando Aéreo de Transporte Militar, con sede en Bogotá, y buscará establecer si hubo desplazamientos irregulares entre Colombia y Venezuela.

El mandatario también solicitó a la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General y autoridades de Estados Unidos evaluar la información periodística dentro de sus competencias.

Hasta el momento, los reportes disponibles no registran una acusación judicial formal contra Alcocer ni una confirmación oficial de los delitos denunciados. La investigación deberá determinar si existen pruebas sobre el supuesto uso de aeronaves estatales y sobre el transporte de dinero, armas o estupefacientes.