La Fiscalía General de la Nación abrió una indagación penal contra Verónica Alcocer, ex primera dama y exesposa del expresidente Gustavo Petro, para establecer si tuvo alguna participación en presuntas irregularidades relacionadas con contratos, nombramientos y manejo de recursos públicos durante el gobierno que terminó el 7 de agosto de 2026.
El caso está en etapa preliminar y es adelantado por la Dirección Especializada contra la Corrupción. La apertura de la investigación, que se produjo tres días antes de la finalización del mandato presidencial, no constituye una acusación formal ni implica que Alcocer sea responsable de algún delito.
Según información divulgada por El Tiempo, uno de los posibles delitos bajo análisis es el interés indebido en la celebración de contratos. La Fiscalía también revisa reportes sobre una eventual pérdida de dinero en efectivo en una consejería de la Presidencia, posibles nombramientos en Ecopetrol y contratos relacionados con la hidroeléctrica de Urrá, en Córdoba.
El expediente se habría originado, entre otros elementos, en un anónimo trasladado a la Fiscalía en diciembre de 2024 por el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. El documento mencionaba supuestas presiones para favorecer a terceros en negocios de venta de energía y vinculaba a varias personas, entre ellas Nicolás Alcocer Petro, hijo adoptivo de la ex primera dama, y Ricardo Roa, quien en ese momento presidía Ecopetrol.
La investigación también incluye contratos tramitados mediante convenios entre el Departamento Administrativo de la Presidencia, RTVC y la cooperativa Savi. Esos acuerdos habrían sumado cerca de 23.000 millones de pesos entre 2022 y 2025 y permitieron subcontratar a un fotógrafo y un maquillador que, según denuncias conocidas públicamente, habrían prestado servicios relacionados con la imagen de Alcocer.
De manera paralela, la Procuraduría citó a declarar a Eva Ferrer, exasesora de la ex primera dama, y a otros exfuncionarios. Ferrer ha anunciado que entregará documentos y elementos de prueba, aunque sus señalamientos todavía deben ser verificados.
A través de su apoderado, Alcocer manifestó su disposición a colaborar con las autoridades. Hasta ahora, ninguna decisión judicial ha establecido responsabilidad penal en su contra.
