Andrea Ramírez declaró ante la Corte Suprema de Justicia dentro de la investigación por la presunta asignación irregular de “cupos indicativos”, un mecanismo que habría permitido direccionar recursos públicos hacia congresistas a cambio de respaldo al Gobierno. El expediente está relacionado con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Ramírez se desempeñó como asesora del Ministerio de Hacienda y enlace con el Congreso, desde donde habría coordinado asuntos relacionados con proyectos regionales y solicitudes presupuestales de congresistas, según reportes de El Colombiano. La exfuncionaria, sin embargo, ha negado conocer o participar en una estructura ilegal y, hasta ahora, no enfrenta una acusación judicial formal por estos hechos.
La investigación cobró fuerza a partir de los testimonios de Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dian y exministro de Comercio, y de María Alejandra Benavides, quien reemplazó a Ramírez durante una licencia de maternidad. Benavides aseguró que, durante una reunión en diciembre de 2023, Ramírez le explicó que los “cupos indicativos” se utilizaban para garantizar la gobernabilidad mediante el respaldo de congresistas en votaciones y la conformación de quórums.
En su declaración, Benavides también habló de una matriz en Excel que contenía nombres de congresistas, proyectos, montos y entidades ejecutoras. Parte de esas iniciativas habría sido tramitada a través del Instituto Nacional de Vías (Invías), mientras que otras estarían vinculadas con contratos de la UNGRD.
La Fiscalía investiga si ese esquema incluyó el direccionamiento de obras y contratos a cambio de apoyo a proyectos legislativos del Gobierno. No obstante, se trata de hipótesis que aún deben ser comprobadas dentro de los procesos judiciales.
El caso avanza ante la Corte Suprema y la Fiscalía General de la Nación e involucra, entre otros, a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, además de varios congresistas. Las autoridades deberán determinar el alcance de la participación individual de cada investigado y establecer si hubo responsabilidades penales.




