📸 Imagen cortesía
¿Título bajo sombra?
Este miércoles 24 de septiembre de 2025, la Fundación de Educación Superior San José (FESJ) desató una crisis institucional al anular el título universitario de Juliana Guerrero, señal que ha sacudido la confianza en los procesos académicos colombianos.
La contadora pública, Juliana Andrea Guerrero, cuyo nombre resonaba recientemente por su candidatura a viceministra de Juventudes en el Ministerio de Igualdad, vio caer su credencial cuando la universidad confirmó que no había cumplido con el requisito legal esencial: la presentación del examen Saber Pro antes de graduarse. Esta prueba, aplicada por el Icfes, es condición sine qua non para cualquier título profesional en Colombia. La controversia estalló al constatarse que, pese a que su título parecía legítimo, no existe registro oficial de su presentación a esta evaluación, fundamental para certificar competencias académicas y profesionales.
El abogado de la Fundación, Juan David Bazzani, explicó con firmeza que “la universidad está obligada a anular el título por no cumplir con los requisitos legales”, una decisión agravada por la ausencia de respuesta del Icfes, lo que sugiere lagunas administrativas o incluso maniobras que erosionan la transparencia. La FESJ dio este paso tras una investigación interna que, sin embargo, deja en el aire la magnitud del problema.
Las consecuencias no se hicieron esperar: Luis Carlos Gutiérrez Martínez, secretario general de la Fundación, junto a su equipo administrativo, fueron destituidos. Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional inició una pesquisa para esclarecer si la falta detectada en el caso de Guerrero es la punta de un iceberg de irregularidades que pondrían en jaque la credibilidad académica de la FESJ.
En medio de este escándalo, la pregunta que flota en el aire es inquietante: ¿qué otras sombras se esconden tras los títulos expedidos? La ciudadanía y la comunidad educativa exigen respuestas claras, mientras la justicia educativa comienza a abrirse paso entre dudas y silencios. ¿Podrá la institucionalidad colombiana restablecer la confianza en sus pilares formativos, o esta anulación será apenas el preludio de un desencanto mayor?
