Nicolás Maduro, exdictador venezolano detenido en Estados Unidos desde enero, solicitó formalmente a un tribunal federal de Nueva York que desestime la acusación en su contra, argumentando que goza de inmunidad soberana como jefe de Estado. La defensa, encabezada por el abogado Barry Pollack, presentó dos mociones: una para cerrar completamente el caso y otra, de manera alternativa, para retirar únicamente el cargo de conspiración para cometer actos de narcoterrorismo.
Argumento central: inmunidad soberana como jefe de Estado
En la primera moción presentada ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, Pollack sostiene que el juez Alvin Hellerstein carece de jurisdicción para procesar a Maduro debido a que, según la defensa, el exmandatario debe gozar de inmunidad soberana derivada de su condición como jefe de Estado. Además, se señala que las conductas que sustentan la acusación estarían vinculadas a funciones oficiales del cargo.
El abogado afirma que este proceso representa una violación a una protección reconocida históricamente en el derecho internacional, al tratarse de un procesamiento sin precedentes que contradice la inmunidad penal absoluta otorgada a jefes de Estado y funcionarios extranjeros en ejercicio de sus funciones oficiales. La defensa solicitó que la desestimación sea «con perjuicio», lo que impediría que la acusación sea presentada nuevamente.
Este reclamo se complica por el contexto político: Estados Unidos dejó de reconocer a Maduro como presidente legítimo en 2019 y cuestiona la validez de los procesos electorales venezolanos recientes. Sin embargo, Pollack argumenta que la posición del Ejecutivo estadounidense no determina si Maduro es jefe de Estado para efectos de inmunidad, aclarando que no se discute que fue jefe de Estado sino la legitimidad después de 2019.
Solicitud para retirar el cargo de narcoterrorismo
En la segunda moción, la defensa pidió específicamente retirar el cargo de conspiración para cometer actos de narcoterrorismo, uno de los elementos más delicados de la acusación. Según el escrito, este cargo carece de base jurisdiccional suficiente y no cumple con los requisitos establecidos por la legislación penal estadounidense.
Pollack expone que la imputación pretende acusar a un ciudadano extranjero por conductas desarrolladas totalmente fuera de Estados Unidos sin establecer adecuadamente el elemento jurisdiccional requerido. Además, señala que no se demuestra intención de causar perjuicio a Estados Unidos, sus ciudadanos o intereses, requisito indispensable en delitos relacionados con narcoterrorismo. Maduro se ha declarado inocente y niega vehementemente las acusaciones.
Situación procesal y contexto político
Maduro permanece detenido en una cárcel federal en Brooklyn desde su captura en Caracas en enero por fuerzas estadounidenses. Si las mociones son rechazadas, el juicio está previsto para mediados de 2027. La Fiscalía federal tiene plazo hasta principios de octubre para responder formalmente a las mociones y el juez Hellerstein fijó una audiencia para mediados de noviembre donde se analizarán los argumentos sobre inmunidad soberana y legalidad del cargo de narcoterrorismo.
El caso es poco común y sensible diplomáticamente dado que los procesos penales contra jefes de Estado extranjeros en tribunales estadounidenses son excepcionales. La defensa también cuestiona la incongruencia política tras la captura, pues Estados Unidos reconoce a Delcy Rodríguez —vicepresidenta designada por Maduro— como autoridad en Venezuela mientras procesa al exmandatario.
Además, la esposa de Maduro, Cilia Flores, enfrenta cargos relacionados y su defensa solicitó la desestimación bajo el argumento de que comparte inmunidad soberana como primera dama, apoyándose en precedentes estadounidenses sobre esposas de jefes de Estado.
Este proceso judicial refleja las tensiones políticas y jurídicas entre Venezuela y Estados Unidos, en un contexto donde la legitimidad del liderazgo venezolano es cuestionada y las negociaciones estratégicas en materia energética y seguridad están presentes. La decisión sobre la inmunidad soberana será clave para definir el rumbo del caso y sus implicaciones internacionales.
