El Presupuesto General de la Nación para 2027 quedó en el centro de una controversia fiscal y jurídica. Aunque el Congreso aprobó durante la madrugada del 20 de octubre un monto total de $634,9 billones, las plenarias introdujeron cambios en la distribución de los recursos, entre ellos un aumento de la inversión pública a $94,8 billones y una reducción de cerca de $11 billones en la partida para el servicio de la deuda.
Sin embargo, el escenario cambió el 21 de octubre, cuando el Gobierno de Abelardo De la Espriella anunció que expedirá el presupuesto por decreto. La decisión se produjo después de que se detectaran diferencias entre las versiones del artículo 65 aprobadas por el Senado y la Cámara de Representantes, que no fueron conciliadas dentro del plazo previsto.
Esto significa que los ajustes aprobados en las plenarias, incluidos los relacionados con inversión, salud y servicio de la deuda, podrían no quedar incorporados en el presupuesto que finalmente regirá para 2027.
¿Cómo se aprobó el Presupuesto General de la Nación?
El Senado aprobó el proyecto durante la noche del 19 de octubre, mientras que la Cámara de Representantes le dio su aval en la madrugada del día siguiente. El monto total se mantuvo en $634,9 billones, pero durante las negociaciones se acordaron cambios en varias partidas para atender necesidades de sectores como salud, energía, educación e inversión regional.
La aprobación parecía cerrar el trámite legislativo y permitir que el proyecto pasara a sanción presidencial. No obstante, posteriormente se advirtió que el artículo 65 no había quedado redactado de la misma manera en ambas corporaciones.
La Secretaría General del Senado confirmó que en el registro de esa plenaria no figuraba una proposición aprobada para modificar dicho artículo, mientras que en la Cámara se habría incorporado una modificación adicional. La diferencia impidió que los textos fueran idénticos y abrió el debate sobre la validez del procedimiento.
Ante esa situación, el Gobierno anunció que utilizará el artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto para expedir por decreto el texto aprobado durante el primer debate de las comisiones económicas conjuntas.
Así se había distribuido el presupuesto aprobado en las plenarias
Durante el segundo debate, las modificaciones dejaron una distribución distinta de la contemplada inicialmente. La partida para el servicio de la deuda bajó de cerca de $155 billones a aproximadamente $144 billones, mientras que la inversión pública aumentó de unos $86,9 billones a $94,8 billones.
También se aprobaron recursos adicionales para sectores y entidades que solicitaron refuerzos presupuestales. Entre ellos se encontraban $3 billones adicionales para salud, que se sumaron a los $2 billones contemplados previamente, para un total de $5 billones destinados a atender necesidades de financiación del sistema.
El Ministerio de Hacienda también recibió un incremento presupuestal, al pasar de aproximadamente $43,5 billones a $47,7 billones. Minas y Energía obtuvo recursos adicionales por $3 billones, para llegar a cerca de $10,5 billones, mientras que la Fiscalía recibió un refuerzo de $100.000 millones.
Estas modificaciones respondían a las negociaciones entre el Gobierno y las bancadas. Sin embargo, debido al problema de trámite detectado posteriormente, no deben confundirse con la distribución que necesariamente quedará vigente tras la expedición del decreto.
¿Por qué generó polémica el recorte al servicio de la deuda?
Uno de los cambios más debatidos fue el traslado de recursos destinados al servicio de la deuda hacia otros rubros, especialmente la inversión pública. La propuesta buscaba disponer de más dinero para financiar proyectos y atender necesidades de las regiones sin modificar el monto global del presupuesto.
El servicio de la deuda comprende los intereses y la amortización del capital de los préstamos del Estado. Por eso, reducir la partida presupuestal no elimina las obligaciones financieras: puede implicar cambios en el calendario de pagos, en las fuentes de financiación o en la manera de atender los vencimientos.
El economista Diego Montañez-Herrera llamó la atención sobre el peso de los intereses en las finanzas públicas. De acuerdo con las cifras divulgadas durante el debate presupuestal, el pago de intereses alcanzaría aproximadamente $94,4 billones, una cantidad similar a la inversión pública contemplada en la versión aprobada por las plenarias.
La Contraloría General de la República también había advertido sobre la presión que representan los intereses para el presupuesto y el recaudo tributario. La preocupación es que una proporción considerable de los ingresos del Estado deba destinarse a obligaciones financieras, reduciendo el margen disponible para otros gastos.
¿Aplazar los pagos puede encarecer la deuda?
Especialistas consultados durante la discusión presupuestal advirtieron que modificar los vencimientos puede aliviar las necesidades inmediatas de caja, pero también puede aumentar el costo financiero si la renegociación exige tasas más altas o primas adicionales.
José Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, señaló que modificar el calendario de obligaciones puede ofrecer margen para financiar otros rubros, aunque el efecto final depende de las condiciones acordadas con los acreedores.
Por su parte, el investigador económico Luis Fernando Ramírez explicó que renegociar vencimientos puede implicar tasas de interés superiores. Los fondos de pensiones son actores relevantes en esta discusión porque figuran entre los tenedores de deuda pública y podrían participar en eventuales negociaciones sobre los plazos de pago.
José Roberto Acosta, exdirector de Crédito Público, también advirtió que trasladar recursos del servicio de la deuda hacia otros gastos puede presionar el déficit primario y agravar los problemas de financiación del presupuesto. Entre las alternativas planteadas por analistas se encuentran una revisión del gasto y medidas tributarias que permitan mejorar los ingresos públicos.
El presupuesto y el reto del ajuste fiscal
El Gobierno ha anunciado un plan de austeridad por $17,4 billones y una futura ley de ajuste fiscal con la que busca reducir el déficit primario de 2027 en 2,2 puntos del producto interno bruto, equivalentes a cerca de $45 billones.
El déficit primario mide la diferencia entre los ingresos y los gastos del Gobierno antes del pago de intereses. Su evolución es uno de los indicadores utilizados para evaluar la capacidad del Estado de estabilizar sus cuentas y contener el crecimiento de la deuda.
Según las cifras citadas durante el debate, las necesidades de financiación del Gobierno Nacional Central podrían aumentar considerablemente y la deuda neta tendría presión al alza. El cumplimiento de las metas fiscales dependerá de que las medidas de ajuste anunciadas se traduzcan en cambios concretos de ingresos y gastos.
El Observatorio Fiscal también pidió mayor claridad sobre el contenido de la futura ley, la distribución de los recortes y los mecanismos de seguimiento a los recursos públicos. La expedición del presupuesto no resuelve por sí sola estos interrogantes, pues el Gobierno deberá precisar cómo financiará las obligaciones y cómo ejecutará las partidas durante 2027.
¿Qué cifras del presupuesto deben tomarse como definitivas?
Aunque el Congreso aprobó durante las plenarias una inversión de $94,8 billones y redujo la partida para el servicio de la deuda a cerca de $144 billones, el Gobierno anunció que expedirá por decreto el texto aprobado en el primer debate, cuyo monto total también era de $634,9 billones.
Por esa razón, la cifra global se mantiene como el monto anunciado para el presupuesto de 2027, pero la distribución definitiva entre funcionamiento, deuda e inversión deberá verificarse en el decreto expedido. La diferencia entre el texto inicial y los ajustes de las plenarias es clave para entender por qué el recorte de cerca de $11 billones a la deuda y el aumento de la inversión no pueden presentarse todavía como decisiones presupuestales definitivas.
Preguntas frecuentes
¿De cuánto es el Presupuesto General de la Nación para 2027?
El Gobierno anunció un monto total de $634,9 billones. La distribución final de los recursos dependerá del texto que quede incorporado en el decreto presupuestal.
¿Por qué se habló de reducir $11 billones del servicio de la deuda?
Durante las plenarias del Congreso se aprobó reducir esa partida de cerca de $155 billones a aproximadamente $144 billones y aumentar los recursos para inversión. Sin embargo, esos cambios podrían no quedar incluidos en el decreto que expedirá el Gobierno.
¿Qué pasará con la inversión pública y los recursos para salud?
Las plenarias aprobaron elevar la inversión a $94,8 billones y sumar $3 billones adicionales a los $2 billones previstos para salud. Como el Gobierno anunció que utilizará el texto aprobado en el primer debate, será necesario revisar el decreto para establecer qué partidas y montos regirán finalmente en 2027.
