La fiscal general, Luz Adriana Camargo, ordenó reactivar 46 órdenes de captura contra antiguos representantes de tres estructuras armadas que participaron en los diálogos de la “paz total” durante el Gobierno de Gustavo Petro.
La decisión fue adoptada mediante la Resolución 0-0263 y cobija a 27 integrantes de las disidencias de las Farc, 13 de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y seis de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
Entre los nuevamente buscados se encuentra Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, jefe de una facción de las disidencias. También aparecen Carlos Eduardo García, alias ‘Andrey’; Diana Carolina Rey, alias ‘Érika’, y Javier Alfonso Velosa, conocido como ‘Jhon Mechas’ o ‘Jhon Catatumbo’.
La Fiscalía explicó que el beneficio terminó después de que el Gobierno de Abelardo de la Espriella cerrara las mesas de diálogo y revocara la designación de sus voceros el pasado 28 de agosto. Al desaparecer esa condición, también finalizó la suspensión de las órdenes judiciales.
La medida alcanza además a José Vicente Lesmes, alias ‘Walter Mendoza’; Luis Andrés Figueroa, alias ‘Popeye’, y Geovanny Andrés Rojas, alias ‘Araña’, integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Este último se encuentra requerido en extradición por Estados Unidos.
Por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada fueron reactivadas las órdenes contra José Luis Pérez, alias ‘Cholo’; Loryin Emilio Pertuz, alias ‘Sebastián’ o ‘York’; Orlando Pérez, alias ‘Patiliso’; Élmer David Reyes, John Rafael Salazar y Daniel Bravo.
La Fiscalía también revisó la situación de otras 13 personas: se abstuvo de reactivar las órdenes de 11 porque ya se encontraban vigentes y dejó pendiente la decisión sobre dos ciudadanos requeridos mediante procesos de extradición.
Las órdenes fueron remitidas a las autoridades de policía judicial para su ejecución inmediata, lo que permite nuevamente ubicar y capturar a quienes habían recibido protección temporal para participar en las negociaciones.
Las Autodefensas de la Sierra Nevada habían expresado previamente su disposición a continuar conversando con el nuevo Gobierno. Hasta la publicación de esta nota, las estructuras afectadas no habían emitido una respuesta pública frente a la decisión de la Fiscalía.
