La ministra de Educación, Viviane Morales, salió a responder a la tormenta política desatada por el proyecto que permitiría a particulares participar en la administración de colegios oficiales y negó que el Gobierno esté buscando privatizar la educación pública.
Según Morales, la propuesta mantiene al Estado como responsable de garantizar el servicio educativo y busca introducir precisiones jurídicas al modelo de colegios en administración. Las entidades territoriales podrían apoyarse en terceros para la operación de establecimientos oficiales bajo las condiciones establecidas por la regulación.
La controversia surge porque el proyecto contempla contratos de administración que podrían alcanzar hasta 12 años, un periodo que sus críticos consideran demasiado amplio y que podría entregar a operadores privados una influencia considerable sobre instituciones públicas.
Morales insiste, sin embargo, en que administrar no equivale a privatizar: los establecimientos continuarían siendo públicos y la obligación constitucional de garantizar la educación permanecería en cabeza del Estado.
