La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a nueve exmilitares, dos expolicías y un exfuncionario de seguridad de Ecopetrol por su presunta participación en la alianza que facilitó la toma paramilitar de Barrancabermeja entre 1998 y 2000. Esta decisión corresponde al primer Auto de Determinación de Hechos y Conductas del Caso 08, que investiga la actuación conjunta de miembros de la fuerza pública y agentes estatales con grupos paramilitares.

Alianza criminal entre fuerzas estatales y paramilitares

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP concluyó que en Barrancabermeja se configuró una alianza criminal compuesta por militares, policías, paramilitares y un funcionario del área de seguridad de la Refinería de Ecopetrol. Esta estructura operó para identificar como “enemigo” a personas y organizaciones vinculadas o señaladas de tener relación con la guerrilla. Entre las víctimas estuvieron habitantes de barrios populares, dirigentes sindicales, defensores de derechos humanos y activistas sociales.

Los nueve comparecientes llamados a reconocer responsabilidad como coautores de esta alianza son: José Domingo García García y Óscar Diego Sánchez Vélez (coroneles retirados del Ejército); Juvenal Ovidio Brugés Palmera, Carlos Eduardo Avendaño Ávila, Oswaldo Prada Escobar y Jesús Herrera García (mayores retirados del Ejército); Juan Carlos Celis Hernández (teniente coronel retirado de la Policía); Nilson Durán Durán (subintendente retirado de la Policía); y José Eduardo González Sánchez, exempleado del área de seguridad de Ecopetrol.

A tres de ellos —García García, Brugés Palmera y González Sánchez— se les atribuyeron crímenes de guerra por homicidio, así como crímenes de lesa humanidad por exterminio y desaparición forzada. Además, la JEP imputó el delito de persecución como crimen de lesa humanidad contra la Unión Sindical Obrera (USO) y la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), organizaciones que fueron blanco de seguimientos, infiltraciones, amenazas y atentados.

Responsabilidad por omisión y operaciones paramilitares documentadas

La JEP también imputó responsabilidad por omisión a tres exgenerales del Ejército: Héctor Eduardo Peña Porras, Fernando Millán Pérez y Alberto Bayardo Bravo Silva. Según la investigación, estos altos mandos disponían de funciones, recursos e información para prevenir los crímenes, controlar a sus subordinados y proteger a la población civil, pero no adoptaron las medidas necesarias para impedir la consolidación de la toma paramilitar.

El auto reconstruye la toma paramilitar como una estrategia destinada a expulsar a la guerrilla y a quienes eran considerados parte de su base social, lo que derivó en asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, masacres, persecuciones sistemáticas y operaciones de inteligencia contra movimientos sociales. La masacre del 16 de mayo de 1998 fue identificada como el acto inicial de esta incursión a gran escala.

En esa operación, un grupo numeroso de hombres armados ingresó a barrios populares, asesinó a varios civiles y secuestró decenas de personas que luego fueron torturadas, ejecutadas y desaparecidas. Días antes, el presidente de la USO había alertado al comandante de la Quinta Brigada sobre un posible ataque paramilitar, pero no se tomaron medidas efectivas para impedirlo.

Coordinación entre agentes estatales y paramilitares en los ataques

La JEP documentó hechos que evidencian coordinación entre agentes estatales y paramilitares. Por ejemplo, Oswaldo Prada Escobar, entonces capitán y oficial de inteligencia del Batallón Nueva Granada, habría entregado a un exguerrillero conocido como “Maicol” a los paramilitares para que guiara los ataques en barrios orientales. Además, el mayor Carlos Eduardo Avendaño ordenó retirar vehículos blindados poco antes del ataque del 16 de mayo, mientras que el coronel Óscar Diego Sánchez asistió esa noche a una reunión social con otros altos mandos.

Otra incursión paramilitar ocurrida en agosto de 1998 dejó varias personas asesinadas y heridas. Al día siguiente, el teniente Juan Carlos Celis se presentó en la vivienda donde estaban los responsables para recriminarlos por exceder el número acordado de víctimas, lo que indica comunicación previa entre las fuerzas estatales y los paramilitares.

El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli Arteaga, destacó que esta decisión responde a años de exigencias de las víctimas del Magdalena Medio. La jurisdicción transicional busca esclarecer responsabilidades en la expansión paramilitar y avanzar en verdad y justicia para las comunidades afectadas. Los doce comparecientes serán notificados formalmente para responder por escrito a las imputaciones dentro del plazo establecido. La JEP continuará valorando reconocimientos y posibles sanciones conforme al modelo de justicia transicional.