El senador Juan Espinal, del Centro Democrático, radicó un proyecto de ley que propone destinar de manera permanente el 10 % del recaudo del Impuesto Nacional al Carbono a la conservación, protección y restauración de los ríos que hayan sido declarados sujetos de derechos en Colombia. La iniciativa busca convertir esos reconocimientos judiciales en recursos concretos para su recuperación ambiental.
La propuesta cobijaría fuentes hídricas que cuentan con este tipo de reconocimiento jurídico. El comunicado menciona, entre otras, a los ríos Atrato, Aburrá, Cauca, Magdalena y Ranchería, y sostiene que uno de los problemas para materializar las órdenes y planes de recuperación ha sido la falta de una fuente permanente de financiación.
El dinero no saldría de un nuevo cobro a los colombianos. El Impuesto Nacional al Carbono ya existe y grava el contenido de carbono de combustibles fósiles utilizados para combustión. Actualmente, la legislación destina el 80 % de su recaudo a diferentes objetivos ambientales, como combatir la deforestación, conservar fuentes hídricas y humedales, restaurar ecosistemas y financiar acciones climáticas.
Lo que plantea el proyecto es crear dentro de esos recursos una destinación específica: el 10 % iría exclusivamente a los ríos que tengan vigente una declaratoria como sujetos de derechos. El dinero se distribuiría bajo criterios de proporcionalidad entre las fuentes hídricas beneficiarias.
La iniciativa también busca ponerle lupa al uso de la plata. El Ministerio de Ambiente tendría que presentar anualmente información sobre cuánto se recaudó, cuánto se ejecutó, qué proyectos fueron financiados, su avance físico y financiero y cuáles fueron los resultados obtenidos en conservación y restauración.
“De nada sirve reconocer a nuestros ríos como sujetos de derechos si el Estado no garantiza los recursos necesarios para protegerlos”, sostuvo Espinal al defender la propuesta.
El proyecto apenas inicia su recorrido legislativo y, por tanto, el 10 % todavía no está aprobado ni comenzará a trasladarse automáticamente a los ríos. Tendrá que superar el trámite correspondiente en el Congreso antes de convertirse en ley.





