La Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Educación revisan los casos de 24 contratistas vinculados a 16 entidades públicas durante el gobierno de Gustavo Petro, quienes presuntamente obtuvieron títulos profesionales irregulares en la Fundación Universitaria San José. Los contratos suscritos entre 2023 y 2025 superarían en conjunto los 1.100 millones de pesos.
La denuncia fue revelada por la representante a la Cámara Catherine Juvinao, de la Alianza Verde. Entre las entidades en las que trabajaron los contratistas aparecen el SENA, la Unidad Nacional de Protección, el Invima, el DANE, la DIAN, la Aeronáutica Civil, varias superintendencias y ministerios, además del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre.
Las autoridades analizan si los títulos fueron expedidos sin que los beneficiarios cumplieran requisitos legales, entre ellos la presentación de las pruebas Saber Pro o Saber TyT. También se investiga la entrega de varios diplomas en periodos inusualmente cortos, incluso el mismo día, y la aparente ausencia de registros de esos exámenes en las bases de datos del Icfes.
Uno de los hechos bajo revisión corresponde a diplomas con fecha de expedición del 5 de julio de 2024, pese a que la jornada de la prueba Saber Pro se realizó el 7 de julio del mismo año. La normativa exige que el examen sea presentado antes de la obtención del título profesional.
El caso hace parte de una investigación más amplia contra la Fundación Universitaria San José, que tomó fuerza tras el proceso relacionado con Juliana Guerrero, cercana al presidente Petro. La institución anuló sus dos títulos el 7 de noviembre de 2025, luego de señalar que no encontró evidencias de actividad académica, asistencia a clases ni evaluaciones.
Por esos hechos, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación, aceptó cargos por falsedad ideológica en documento público y fue condenado a tres años de prisión mediante un preacuerdo con la Fiscalía.
El Ministerio de Educación informó el 20 de agosto de 2026 que abrió un nuevo auto de pruebas dentro de la investigación administrativa sancionatoria contra la institución. El proceso podría terminar en multas, suspensión de registros calificados o incluso el cierre de la universidad.
Hasta la tarde del 11 de septiembre de 2026, hora colombiana, no se habían anunciado decisiones de fondo contra los otros 24 contratistas. Las autoridades aclararon que la existencia de una investigación no implica, por sí sola, responsabilidad penal o administrativa individual.
