El Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín reprogramó para el 30 de octubre la audiencia de segunda instancia. La Fiscalía y la representación del Área Metropolitana buscan que los dos procesados sean enviados a prisión.

La decisión sobre si Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, y Sebastián Ortega deben permanecer en libertad, bajo detención domiciliaria o ser enviados a un centro carcelario tendrá que esperar una semana más.

La audiencia de segunda instancia, prevista inicialmente para este viernes 23 de octubre, fue aplazada hasta el próximo viernes 30 de octubre debido a inconvenientes con el traslado de los registros de audio de las diligencias realizadas en primera instancia.

Según informó el juez primero penal del circuito de Medellín, al solicitar el expediente al Juzgado 27 Penal Municipal con función de control de garantías no recibió los audios correspondientes a las audiencias. Aunque posteriormente fueron remitidos, el material llegó incompleto y fue necesario solicitar nuevamente los registros faltantes.

Ante la falta de tiempo para revisar integralmente el contenido antes de la fecha programada, el despacho determinó reprogramar la diligencia. La lectura de la decisión quedó fijada para las 11:00 de la mañana del 30 de octubre.

¿Por qué podrían cambiar las medidas de aseguramiento?

El caso está relacionado con presuntas irregularidades en contratos celebrados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, por un valor total de $17.656 millones, durante el periodo comprendido entre 2021 y 2023.

Miguel Quintero fue imputado por los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. A Sebastián Ortega se le atribuye presuntamente el segundo delito.

El pasado 3 de octubre, el juez 27 penal de Medellín le impuso a Quintero una medida de aseguramiento en su domicilio y negó la solicitud de detención intramural contra Ortega.

Sin embargo, tanto la Fiscalía como el representante del AMVA, entidad reconocida como víctima dentro del proceso, apelaron esas determinaciones. Buscan que se revoquen las medidas adoptadas y que ambos procesados sean enviados a prisión mientras avanza la investigación.